60 concursarán para ser el primer defensor público de víctimas

Es una figura que aún no existe en la justicia provincial, pero en la Legislatura se presento un proyecto que busca su creación. La Defensoría General de la Nación inició el proceso de selección.
Sesenta personas fueron admitidas para el concurso donde se busca que las víctimas de delitos tengan un representante oficial de sus intereses en los procesos penales que se tramiten en la justicia federal en la provincia de Entre Ríos.

Centros de protección y asistencia

El Defensor Público de la Víctima es una figura creada mediante la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos Número 27.372, sancionada a mediados de 2017, para garantizar, entre otras cuestiones, la asistencia jurídica a quienes resulten damnificados por delitos graves.

La ley prevé la creación de centros de protección y de asistencia a las víctimas de delitos como narcotráfico, trata de personas o crímenes de lesa humanidad, los que deberán contar con médicos, psicólogos, asistentes sociales e investigadores especializados; y les asegura también la representación jurídica a través de la figura del defensor público de la víctima.

Concretamente, los damnificados de un delito tienen derecho a contar con patrocinio legal gratuito tanto durante el proceso como en el período de ejecución de la pena, podrán constituirse como querellantes, participar de las declaraciones de los testigos (a través de su abogado) y deberán ser notificados sobre las excarcelaciones, los permisos de libertad condicional o las salidas transitorias a que aspiren acusados y condenados.

Hubo 92 inscriptos en Entre Ríos

Tras la promulgación de la ley, la Defensoría General de la Nación abrió los concursos de antecedentes y oposición para nombrar a 24 defensores públicos de las víctimas, uno por cada provincia. La ley también prevé la posibilidad de sumar defensores públicos coadyuvantes, cuando el jefe de los defensores lo considere necesario, para asegurar una efectiva prestación del servicio de justicia.

En Entre Ríos, se inscribieron 92 abogados y abogadas para el concurso convocado por la Defensoría General de la Nación, a cargo de Stella Maris Martínez, pero solo 60 fueron admitidos y el resto quedaron excluidos, en su mayoría, por deficiencias en la documentación que debían presentar. Todavía no se ha fijado fecha para los exámenes, pero se estima que, pasadas las pruebas, la evaluación de las ternas y la designación por parte del Poder Ejecutivo, los nuevos defensores podrían entrar en funciones a mediados de este año.

Por lo pronto, se estableció que el presidente del jurado de concurso será Mario Franchi, defensor oficial ante el Tribunal Oral Federal de Paraná; y los vocales titulares serán Ignacio Francisco Tedesco, Daniel Rubén Darío Vázquez, José Atilio Álvarez (defensores oficiales en distintas instancias) y Carlos Alberto Mahiques (docente). El sorteo determinó que como suplentes actúen Eduardo Peralta, Cecilia Mage, Alejandro Marcelo Arguilea (defensores) y Juan María Rodríguez Estévez (docente). Resta designar a un defensor suplente para completar el jurado.

Un proyecto para la provincia

Solo dos provincias tienen un sistema de apoyo integral a víctimas de delitos, Chubut, Mendoza; y Buenos Aires anunció recientemente la creación de un cuerpo de abogados de las víctimas.

La justicia entrerriana no cuenta con una figura similar, pero existen proyectos para modificar el Código Procesal Penal y, entre otras cuestiones, crear de un ámbito de asistencia para las víctimas de delitos.

La iniciativa fue presentada por el diputado provincial Esteban Vitor (Cambiemos) y, a diferencia de lo establecido a nivel nacional, plantea la creación de cargos destinados a abogados dependientes del Poder Ejecutivo para hacer efectiva la posibilidad de que la víctima, al constituirse como querellante, tenga derecho “a recibir gratuitamente el patrocinio jurídico que solicite para ejercer sus derechos, y en su caso para querellar, si por sus circunstancias personales se encontrare imposibilitada de solventarlo”.

Las víctimas también podrán tener acompañamiento durante el período de ejecución de la pena la víctima. El proyecto establece que “el tribunal a cargo del juicio, al momento del dictado de la sentencia condenatoria, deberá consultar a la víctima si desea ser informada” y en caso de que así lo quiera podrá ser informada y expresar su opinión respecto de excarcelaciones, permisos de libertad condicional o salidas transitorias.

Fuente: Página Judicial. Autor: Juan Cruz Varela.
El Entre Rios

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