Imputaron a Caputo por la emisión del bono a cien años

Argentine Finance Secretary Luis Caputo gestures during a news conference in Buenos Aires, Argentina, February 29, 2016. Picture taken February 29, 2016. REUTERS/Marcos Brindicci

Es por administración fraudulenta y cohecho internacional. LPO había anticipado que el ministro evalúa irse.

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, fue imputado este martes por administración fraudulenta. La decisión la tomó el fiscal federal Juan Pedro Zoni al considerar que la emisión de 2.750 millones de dólares con un bono a cien años que anunció el lunes pasado podría haber implicado “conductas delictivas en perjuicio de la Administración Publica Nacional”.

El requerimiento fiscal pidió al juez federal Ariel Lijo abrir la causa para investigar la emisión de deuda pública y disponer una serie de medidas y diligencias de prueba. Hasta el momento, el Gobierno no hizo públicos los términos de la emisión de la deuda, lo que acarreó críticas y sospechas sobre la legalidad y la adecuación al interés nacional de la emisión.

LPO reveló en exclusiva que el ministro está muy desilusionado con la cúpula del gobierno de Macri porque no lo defendió y no descarta renunciar. Caputo considera que bajó considerablemente el costo de la deuda con este bono y la operación no sólo es correcta, sino hasta elogiable (ver recuadro). “Me dejaron sólo nadie me defendió”, se quejó Caputo en la intimidad, acaso desconociendo que ese es el comportamiento típico del PRO ante acusaciones de presunta corrupción, aún cuando el funcionario haya actuado cumpliendo órdenes.

El problema es que más allá de los números técnicos, la operación si tiene un costado muy oscuro: La negativa del gobierno a publicar el prospecto de emisión, que alentó los rumores de que no se contempla la opción de recompra del bono por el Estado “call”, lo que lo con vierte en una carga pesadísima para las futuras generaciones. Además, en el mercado dan por seguro que la operación fue una movida llave en mano ofrecida por el polémico fondo Marhaton, que ya hizo negocios extraordinarios con Axel Kicillof.

Los argumentos del fiscal

“El presente impulso penal no puede soslayar el interés y trascendencia que reviste la temática denunciada, por las consecuencias y entidad de los perjuicios económicos que le generan al Estado Nacional las conductas imputadas”, sostuvo el fiscal Zoni en su escrito.

A la vez, el fiscal sostuvo que “corresponde resaltar que en los últimos días se han expresado públicamente distintos especialistas vinculados a la operatoria de bonos que han realizado diversos cuestionamientos sobre el endeudamiento denunciado que justifican la apertura de una investigación criminal en orden a estos hechos”.

En el mercado dan por hecho que la colocación del bono a cien años fue una operación llave en mano del fondo Marathon, que ya había hecho negocios extraordinarios con Kicillof.

Como adelantó LPO, la denuncia la realizó el viernes pasado un grupo de catorce diputados del Frente para la Victoria encabezado por el neuquino Darío Martínez por posible “administración fraudulenta y cohecho transnacional” contra el presiente Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro de Finanzas, Luis Caputo. Sin embargo, el fiscal Zoni decidió imputar solamente al ministro. Su pedido recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°4.

Según los denunciantes, la emisión que paga un cupón de 7,125% por cien años es “una ruinosa operación para los intereses del Estado, del fisco y del pueblo argentino de hoy y de las futuras generaciones”.

“Esta escandalosa operación financiera que perjudica objetivamente los intereses argentinos, y solo beneficia a los inversores que adquirieron estos bonos, es un claro acto de administración contra los intereses del Estado llevado a cabo por el presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña; y los ministros Luis Caputo y Nicolás Dujovne”, agregaron los denunciantes.

El fiscal Zoni, por su parte, es uno de los referentes de Justicia Legítima, la agrupación judicial identificado al kirchnerismo, y muy cercano a la procuradora general Alejandra Gils Carbó, quien mantiene su cargo pese a la voluntad del Poder Ejecutivo.

Fuente: La Política On Line

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