Por la devaluación, antes de fin de año el gas debería aumentar otro 55% y la electricidad el 40%

La devaluación y la suba del gas de boca de pozo tendrán un notable impacto en ambas facturas.

Cuando todavía no se apagó la polémica por la ley de tarifas recién aprobada por el Senado y enseguida vetada por el presidente Macri, en la industria energética ya hablan de un nuevo aumento del gas residencial del 55% para octubre -mes pautado por el Ministerio de Energía y Minería para hacer la próxima recomposición tarifaria- y de entre el 30% y el 40% para el caso de la electricidad que se aplicará en el mes de agosto.

En el último aumento del gas anunciado en marzo -cuando el insumo subió un 40%- Aranguren dio por finalizados los incrementos por el atraso tarifario que tenían durante el kirchnerismo y afirmó que de ahí en adelante, la necesidad de adecuar el costo semestre a semestre “solamente estará vinculado a la evolución del índice de precios mayoristas (IPIM), al costo promedio de producción y al tipo de cambio vigente”.

Sucede que al ser un mercado dolarizado, la reciente devaluación alteró todos los números y promete disparar los precios del gas nuevamente. Este alza de la moneda estadounidense espiraliza el IPIM, que tiene un pass through entre el 0,85 y el 0,90 en relación a la variación del dólar y ya acumula un incremento del 13,8% en el primer cuatrimestre, sin contar el impacto de la “turbulencia cambiaria”. Las expectativas marcan que mayo y junio serán meses complicados para la inflación mayorista que terminará trasladándose directamente en los costos de la distribución y el transporte del gas.

A su vez, con un precio del gas de boca de pozo estable, la suba del tipo de cambio ya encarecería los precios en un 25% al necesitar más pesos para pagar este insumo en dólares al mismo valor. Pero el escenario se torna aún más complejo cuando se contempla la modificación prevista por Aranguren, que estableció que dicho insumo pase de cotizar a 4,68 dólares el millón de BTU a 5,26 dólares a partir de octubre.

Ante este panorama, viendo el nivel de conflictividad social que ocasionaron los últimos aumentos y que derivaron en la mencionada ley, en la industria nadie cree poder plasmar ese 55%. Las distribuidoras ya están pidiendo a la cartera de Aranguren que fije un valor de boca de pozo de 3,8 dólares para aliviar a toda la cadena.

Lógicamente, las productoras no quieren saber nada con esto y alegan que “ya están siendo perjudicadas al tener que vender el gas a un tipo de cambio de $20,20” como estaba indicado en el último cuadro tarifario. Esta diferencia que será saldada en octubre “rondaría los 10.000 millones de pesos si el tipo de cambio se mantiene de acá a octubre y sin contar los interéses correspondientes”.

“Acá lo que hay que volver a discutir es el valor del precio del gas de boca de pozo que es la madre de todos los problemas con este sendero creciente previsto. Tenes un doble overshooting : te pega por devaluación y por aumento del gas”, expresó Andrés Di Pelino, vocero del Centro de Estudio de la Regulación Económica de los Servicios Públicos (Ceres) de la Universidad de Belgrano.

Si el estado decidiera retrotraer este precio tendría dos alternativas: o bien subsidia a las gasíferas por esta diferencia o rompe las reglas establecidas con el sector y baja la rentabilidad de las productoras. Como ambas situaciones implican grandes riesgos, hay un gran interrogante en todo el sector y nadie termina de entender cómo se resolverá la situación.

En rigor, el Gobierno ofreció ese super precio y colocó a este negocio como uno de los pocos rentables de la Argentina para poder conseguir inversiones -que los especialistas coinciden en estimar entre 6.000 y 7.000 millones de dólares anuales por lo menos durante cuatro años- para expandir redes, actualizar líneas, amortizar equipos y finalmente desarrollar este sector estratégico e históricamente deficitario.

“Esta incertidumbre pone en riesgo todas las inversiones previstas. Tenes una macroeconomía un tanto desquiciada, nadie sabe a cuánto va a estar el dólar, ahora se está discutiendo una ley que va a retrotraer las tarifas cambiando todos los cuadros vigentes”, aseguró Di Pelino a este medio.

Macri en una reciente visita a los yacimientos de Vaca Muerta.

Aún si se decidiera prescindir de este ingreso de capitales por una cuestión de fuerza mayor, dado el delicado contexto, se podría dar paso a un reimpulso de los juicios que duermen en el CIADI por USD 3.500 millones. El reclamo de estas empresas que tiene origen en la pesificación de las tarifas post crisis 2001 y la rotura de contratos con la ley de emergencia económica del año 2002, fue una de las condiciones que la gestión de Macri puso como condición para el otorgamiento de los nuevos aumentos.

Sin embargo, las firmas aún no los han desestimado y podrían volver a activar estas demandas. “Si las empresas se ven perjudicadas otra vez por las políticas tarifarias de Argentina es natural que no quieran levantar juicios y persistan en sus demandas”, subrayó el vocero del Ceres.

Para Di Pelino, la otra alternativa -el retorno de grandes subsidios- “es inviable en este contexto de austeridad fiscal, el FMI jamás autorizaría algo asi ya que el Estado argentino está quebrado”.

No obstante, los pocos subsidios que el Estado aún mantiene también se vieron incrementados por la devaluación y la suba del crudo internacional. Es que, al ser un gran importador de gas, la diferencia entre el precio del fluido boliviano o del GNL con los 5,26 dólares que pagan las distribuidoras por el insumo local, corre por cuenta de las arcas estatales. Y a pesar del incremento del precio local que tenía como objetivo ir convergiendo con el precio internacional, esta brecha se está aumentando a partir del nuevo contexto internacional.

En suma, esto pone en evidencia que el plan energético de Aranguren podía ser viable con apreciación cambiaria y un petróleo a la baja, pero es inviable en los marcos actuales.

La electricidad, por su parte, al tener atado su costo de generación en un 40% por el gas, también se verá notablemente afectada. Pero como el costo de transporte y distribución se actualiza por IPC y no por IPIM, analistas piensan que la suba que se verá reflejada en agosto será algo menor a la del gas y la ubican entre el 30% y el 40%.

Fuente: La Política On Line

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