Personal policial realiza el control de tránsito en las inmediaciones de Plaza de Mayo, para controlar el cumplimiento de la cuarentena obligatoria dispuesta para evitar la propagación del coronavirus
Personal policial realiza el control de tránsito en las inmediaciones de Plaza de Mayo, para controlar el cumplimiento de la cuarentena obligatoria dispuesta para evitar la propagación del coronavirus

Cuando comenzaba el martes 17 de marzo, un hombre paseaba su perro por las calles de Almagro. Una persona que usaba una gorra de la Policía Federal Argentina se bajó de un auto y lo paró. El hombre creyó que era un control de rutina. Lo subieron entre dos al auto. Y dejaron a su perro atado en un árbol para que no se perdiera.

Minutos más tarde, en el barrio de Almagro, la policía detuvo un auto en el que había tres personas. Uno de los dos hombres que iban en el asiento de atrás había gritado pidiendo ayuda. Un vecino llamó a la policía y, aprovechando que el auto pinchó una goma luego de chocar contra una bicisenda, lo detuvieron.

En el asiento de atrás estaba el que había pedido auxilio y uno que lo retenía. Otro manejaba. Cuando el auto fue detenido las tres personas bajaron del auto. Uno de ellos, el que había salido a pasear el perro, y había gritado y pedido auxilio denunció que los otros dos lo habían secuestrado. Le pedían 400.000 pesos por liberarlo. Y dijo, además, que mientras a él lo paseaban dentro del auto, otras personas habían ido a robar a la casa de su tía.

En la casa de la tía, que quedaba a unas cuadras del lugar de la detención, habían entrado tres personas haciéndose pasar por policías con la excusa de tener una orden de allanamiento del domicilio. Ataron a la anciana y robaron dinero y algunas pertenencias que había en el lugar.

Los agentes de la Policía de la Ciudad detuvieron a los dos acusados del secuestro. La causa quedó en el juzgado federal a cargo de Luis Rodríguez con la intervención de la fiscal Alejandra Mángano.

El secuestrado cuyas iniciales son M.F.H.M. reconstruyó ante el juez los detalles de su cautiverio. Paseaba el perro, lo pararon, lo subieron a un auto, le quitaron las llaves de su casa y el celular. Fueron hasta Boedo, en una estación de servicio cargaron nafta y le convidaron una bebida. Mientras estaba en el auto, otros fueron a la casa de la tía donde el vive. Explicó que les pegó a los secuestradores hasta hacer chocar el auto donde lo llevaban, mientras gritaba por la ventanilla. Así fue que terminó su secuestro.

Los dos autores del hecho C.B y N.V dijeron que no era un secuestro sino que le estaban reclamando una deuda a M.F.H.M, a quien catalogaron como vendedor de droga con influencia en el barrio de Almagro. Y que lo conocían y que de hecho pararon en una estación de servicio para comprarle una bebida. A raíz de las declaraciones de los imputados, el juez le pidió a la Policía Federal que realizara peritajes de teléfonos, recopilación de cámaras de seguridad que pudieran haber grabado imágenes relevantes para la investigación de caso y también la búsqueda de testigos. La cuarentena obligatoria comenzó y entonces se complicó la tarea policial. Según confirmaron fuentes judiciales, la Policía Federal explicó que –debido a la cuarentena- de los ocho domicilios que contaban con cámaras de seguridad, solamente en dos habían sido recibidos los pedidos formales. Nadie respondió a los llamados de los policías a los otros domicilios desde donde se podría haber filmado el hecho, entre los que estaban un colegio, una estación de servicio y un negocio de venta de elementos de jardinería. Fue por ello que no se pudo realizar la prueba que pidió la defensa oficial de los imputados.

Los dos acusados -que tenían antecedentes penales- estuvieron detenidos en la alcaidía de los tribunales de Comodoro Py. Antes de la pandemia hubieran sido enviados a prisión. Pero como por la pandemia no se puede ingresar nuevos presos a las cárceles federales, el juez Rodríguez les ordenó cumplir la prisión preventiva con una nueva modalidad. En la resolución de Rodríguez se explicó que “respecto de las medidas de coerción aplicables, de la lectura de las presentes actuaciones surge que ambos encartados se encuentran actualmente alojados en la Unidad nº 29 del Servicio Penitenciario Federal, ubicada en el subsuelo del edificio en que funciona este Juzgado, a la espera de cupo para ser ingresados en alguna de las unidades, lo cual conforme disposición administrativa de fecha 20 de marzo del corriente no ocurrirá, al menos hasta el próximo 31 de marzo del corriente, toda vez que fueron suspendidos los ingresos de nuevos internos durante la vigencia de las medidas sanitarias adoptadas desde el Poder Ejecutivo Nacional en relación con la pandemia mundial declarada respecto del virus COVID-19”.

Y agregó que “resulta posible imponer a ambos encartados un conjunto de medidas de coerción, con similar intensidad y a cumplirse fuera de los límites de un centro de detención federal”. Rodríguez citó la reciente modificación del artículo 210 del Código Procesal Penal Federal que fue aprobado mediante la Ley 27.842 y que faculta a los magistrados a que “con el fin de asegurar la comparecencia del imputado o evitar el entorpecimiento de la investigación, se imponga de manera individual o combinada alguna o varias de las diez alternativas que la norma prevé”.

“En tal sentido -explicó Rodríguez-, considero que partiendo de la medida genérica establecida en el inciso “a” (la promesa del imputado de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación), para luego incluir los supuestos previstos en los incisos “d” (prohibición de salir sin autorización previa del ámbito territorial que se determine) y “j” (el arresto en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia o con la que el juez disponga) respectivamente, los imputados C.B. y N.B. pueden egresar del establecimiento penitenciario en que se encuentran alojados en la actualidad, para pasar a cumplir detención dentro de los domicilios que fueran constatados durante las primeras medidas dispuestas por este Tribunal a la espera de los resultados de las diligencias probatorias ordenadas a efectos de llevar adelante la evacuación de citas correspondiente en función de los descargos realizados por ambos”.

El juez señaló: “Los domicilios referidos han sido ofrecidos por la Defensa Oficial en atención a que dentro de los mismos residen personas que no resultan ser grupos de riesgo de la pandemia COVID-19 y por tal motivo es que se encomendará al Servicio Penitenciario Federal el labrado de actuaciones a fin de documentar la identidad de quienes reciban a los imputados en los mismos al momento del comienzo de la medida de coerción dispuesta. Dicha medida irá acompañada del labrado de un acta compromisoria por Secretaría por medio de la cual los imputados manifestarán su promesa de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación, así como también del libramiento de sendos oficios a la Dirección Nacional de Migraciones notificando la imposibilidad de los nombrados de egresar del territorio nacional sin que se cuente con la expresa autorización del suscripto”.

El juez federal Luis Rodríguez (Adrián Escandar)
El juez federal Luis Rodríguez (Adrián Escandar)

Es decir que Rodríguez, en el procesamiento dictado el 25 de marzo pasado, había encontrado la manera de evitar el ingreso de detenidos a las cárceles federales: los imputados se comprometieron a cumplir con el arresto domiciliario (sin tobillera electrónica), a no interferir en la investigación y se les prohibió salir del país. Se estableció un sistema de control través de consignas “dinámicas” que realiza la Policía Federal que implican la presencia aleatoria de efectivos en los domicilios o la realización de llamadas telefónicas en horarios diferentes que deben ser respondidas por los imputados. El 14 de abril pasado la Cámara Federal de Casación Penal hizo una recomendación en el mismo sentido del procesamiento firmado por Rodríguez: dictar prisiones domiciliarias en la medida de lo posible.

El procesamiento de los dos acusados del secuestro fue confirmado el viernes por los jueces de la Cámara Federal Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia. Rechazaron la apelación de la defensa oficial que sostenía que no se había probado el secuestro y que para el procesamiento solo se había contado con la versión de la víctima. Los camaristas consideraron que el relato de la víctima y el de su tía eran contundentes en esta etapa de la investigación.

El juez ordenó que los nombres de los imputados sean agregados a la base de datos que usan las policías con un alerta por si los llegaran a encontrar por las calles. Hasta ahora el sistema de control ha funcionado bien. Los detenidos cumplieron su palabra y atendieron el teléfono todas las veces que se los llamó. Incluso uno de ellos tuvo que salir de apuro de la casa que había fijado como lugar de detención -por razones personalísimas- y mientras viajaba hacia el domicilio de un familiar le avisó a su defensor oficial que a su vez se comunicó con el juzgado. Quería cumplir con su palabra. Y es por eso que sigue con prisión domiciliaria.

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Fuente: infobae