Oficiales de la policía de la provincia de Buenos Aires protestaron en demanda de mejores condiciones laborales y de aumento salarial frente al ingreso a la residencia presidencial en Olivos (REUTERS/Agustín Marcarian)
Oficiales de la policía de la provincia de Buenos Aires protestaron en demanda de mejores condiciones laborales y de aumento salarial frente al ingreso a la residencia presidencial en Olivos (REUTERS/Agustín Marcarian) (AGUSTIN MARCARIAN/)

Hace algunas semanas la policía bonaerense no hizo más que copiar el modelo sindical común de nuestro país. Desoyendo no sólo a quienes velaban por arribar a un acuerdo, sino también al Estado y la investidura presidencial. Tejidas numerosas teorías de desestabilización política y vertidos fundamentos absurdos, se omitió observar que se trató de un calco de lo que ocurre habitualmente en nuestro país. La policía decidió que su reclamo salarial era justo y debido a ello tomó la decisión de cortar la calle, estacionar vehículos de la fuerza en plena luz del día, llevar bombos, elevar cantos representativos del reclamo y peor aún, dejar sin servicio a los ciudadanos. Ni hablar del intento de intimidación cercando la quinta de Olivos.

Respecto a la legalidad del reclamo, resulta claro que la tarea de seguridad que la ley impone a las fuerzas armadas y policiales, es esencial para el mantenimiento del orden. La posibilidad de formar un sindicato policial complejizaría arribar a los objetivos que las mismas tienen a su cargo, y el riesgo para los demás ciudadanos sería muy alto. El Estado perdería control sobre la seguridad ciudadana y nacional.

El bien común deberá ser la prioridad, y con el mismo énfasis que la sociedad y el Estado condenaron el reclamo policial, deberán actuar cuando cualquier otra organización violente los derechos de los demás

Sin embargo, todos conocemos el artículo 14 bis de la Constitución que asegura que “el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, (…) retribución justa; igual remuneración por igual tarea, (…) organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”. Y agrega que “queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo, (…) el derecho de huelga”. Ese derecho se les reconoce a todos los ciudadanos habitantes de la república. A pesar de ello, en este caso no existe gremio, sí un grupo importante de trabajadores que busca una recomposición salarial.

En el año 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que la policía bonaerense no tiene derecho a tener un sindicato, aunque existe un reclamo parcialmente admitido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También existen varios rechazos en tribunales bonaerenses, y algunos fallos de Trabajo explicando que la autonomía no es tal entre el Estado y la fuerza, sosteniendo que las fuerzas de seguridad son parte del propio Estado.

La ley de Asociaciones Sindicales garantiza, entre otras cosas, el derecho a huelga. Ahora bien, el derecho a huelga en un ámbito vital para la seguridad nacional sería tan peligroso como perjudicial para el Estado Nacional. Quizás exista la posibilidad de profundizar en un proyecto en donde la huelga no sea una medida adoptada por las fuerzas de seguridad y que los limitantes para ejercer un derecho consagrado sean taxativos bajo pena de disolución.

Será hora de revisar parte de nuestra cultura del reclamo, de reflexionar hasta cuando soportaremos los ciudadanos estas medidas

Más allá de lo comentado, la realidad nos ofrece una cuestión no menor y es la de la cultura del reclamo salarial o de condiciones dignas de trabajo. La cultura fue siempre la misma, aunque con los años fue empeorando. No mide sus consecuencias y tiene como única meta desestabilizar no sólo el sistema laboral, sino también todo lo ligado al reclamo. La cultura de reclamar un derecho adquirido y probablemente legítimo, disponiendo de la calle, interrumpiendo el servicio, perjudicando al prójimo sin medir consecuencias y, sobre todo, pulverizando instancias de negociación y de diálogo. Estamos en 2020 y se continúa desestabilizando un sistema que exige y reclama diálogo, negociación y trabajo en conjunto.

En el ansiado anhelo de lograr una recomposición salarial, las fuerzas rodearon la quinta presidencial, desafiando la investidura e imponiendo temor a los ciudadanos. Llegar tan lejos no debería estar permitido o aceptado. Sin perjuicio de ello, vale recordar que los sindicatos suelen utilizar las mismas herramientas que los policías evidenciaron durante esos días. La gran diferencia la hicieron un revólver en la cintura y los vehículos policiales interrumpiendo las calles. Lo que muchas empresas sufren a diario, esta vez le toco al Estado.

Estamos en 2020 y se continúa desestabilizando un sistema que exige y reclama diálogo, negociación y trabajo en conjunto

Será hora de revisar parte de nuestra cultura del reclamo, de reflexionar hasta cuando soportaremos los ciudadanos estas medidas. Será momento de pensar si nuestras costumbres y nuestra cultura no nos han perjudicado y nos ponen en jaque por completo. No pretendamos que si las fuerzas de seguridad tienen un derecho legítimo, actúen distinto a lo que hacen las demás organizaciones sindicales. Es la cultura de la intimidación, de las malas formas, del egoísmo y el maltrato hacia las instituciones.

Lejos de convalidar lo ocurrido, salvo excepciones, la acción fue condenada por la gran mayoría. Nuestra libertad y seguridad están en juego permanentemente, sea la policía o cualquier grupo u organización social o sindical la que utilice estas formas. El bien común deberá ser la prioridad, y con el mismo énfasis que la sociedad y el Estado condenaron el reclamo policial, deberán actuar cuando cualquier otra organización violente los derechos de los demás.

El autor es abogado, especialista en RRLL y gremiales y asesor estratégico en RRHH



Fuente: infobae